jueves, 29 de octubre de 2015

Recordando el cierre de Penal Cordillera. Presidenta Bachelet: ¿No cerrará Punta Peuco?






En  fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el 13 de marzo del 2014, el recurso de protección presentado por los abogados del genocida general (R) Manuel Contreras y otros militares por el cierre del Penal Cordillera y su traslado a Punta Peuco.

La  resolución descartó que la decisión presidencial, mediante Decreto Supremo, de ordenar  el cierre del penal y disponer el traslado de los internos, sea ilegal o arbitrario.

“Que, en primer lugar y en cuanto a la decisión de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, de disponer el cierre del centro de cumplimiento de condenas corporales denominado Cordillera, se encuentra ajustada al estatuto legal que lo rige (...). Puede la Máxima Autoridad del Estado, suprimir dicho establecimiento penitenciario, como lo estableció mediante Decreto Supremo N° 644, de 26 de septiembre 2013, con las formalidades pertinentes. En consecuencia, no se advierte, ilegalidad alguna en dicho proceder”, sostiene el fallo.

En 2013, en las vísperas de conmemorar los 40 años del Golpe de Estado contra Salvador Allende, el gobierno de Sebastián Piñera solicitó un informe respecto a las condiciones del cierre. Una entrevista pública realizada por CNN Chile el 10 de septiembre a Manuel Contreras, recluso en este penal, generó indignación pública. 



Este hecho, junto con los privilegios especiales que tenían los reclusos, además del costo de mantener un recinto con 38 gendarmes para 10 presos, influyeron a que el presidente Sebastián Piñera anunciara el cierre del recinto y el trasladado de los reclusos a Punta Peuco, el 26 de septiembre de 2013. El traslado se concretó la madrugada del 29 de septiembre.

 [El día del Cierre de Penal Cordillera | Video publicado por la Corporación Codepu - Facebook]

En septiembre de 2013, contaba con una población de diez reclusos, distribuidos en cinco cabañas que contaban con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural y buena ventilación, catalogadas como "bien equipadas" de acuerdo a una inspección efectuada por el Poder Judicial. En las cinco cabañas se distribuían:

El Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera más conocido como Penal Cordillera, fue un complejo penitenciario chileno, ubicado en la comuna de Peñalolén, donde estaban detenidos de forma exclusiva, oficiales militares, implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Lo vimos en mayo del 2011, donde marcadas desigualdades reveló un reportaje de Televisión Nacional (Ver Video) entre las cárceles donde están recluidos militares condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos y, los detenidos en otros recintos penales del país. Por primera vez, la televisión chilena ofreció imágenes del interior de dos penales, Punta Peuco y el extinto Penal Cordillera, en los que se pudo apreciar una situación muy, pero muy distinta a la de la cárcel de San Miguel, o en otros centros penitenciarios del país.



El cierre de Cordillera y traslado sus internos a Punta Peuco, surge del costo significó mantener esta cárcel especial para criminales. Según adjuntó el regimiento de Peñalolén. Sus inquilinos (eran pasajeros de un verdadero hotel 5 estrellas) contaban con cancha de tenis, televisión y telefonía ilimitada, que significaba un gasto mensual cercano a los 50 millones de pesos, fueron algunos de los factores bajo análisis de este, el penal que tuvo mayor cantidad de gendarmes por interno en el país. En resumen, el gasto público por un militar de este verdadero resort para criminales, fue diez veces mayor al costo de un reo en cualquier centro penitenciario del país.

La petición de cerrar el Penal Punta Peuco, no sólo fue apoyada por la totalidad de las Organizaciones de DDHH, sino que también fue apoyada desde agrupaciones de Gendarmería. Guillermo Donoso, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, recalcó que el cierre es una medida justa y eficiente.

A nosotros nos interesa que mientras menos funcionarios expuestos, es más viable. O existe un penal o ninguno, pero no se justifica tal cantidad de funcionarios cuando la necesidad no lo requiere. Por violación a los DDHH necesitan una seguridad distinta, pero no les permite un tipo de licencia sobre los demás reos, si todos somos iguales ante la ley”, indicó el dirigente.

En septiembre del 2013, el gobierno argentino trasladó a cárceles comunes a los últimos 25 militares en prisión por delitos de lesa humanidad, luego de una fuga en el hospital militar de Buenos Aires.

Estos temas pendientes para la sanación de las profundas heridas de hace 42 años, al inicial el nuevo gobierno de la Presidenta Bachelet, corresponde por decencia, cerrar de una buena vez el hotel 5 estrellas donde alojan los cobardes quienes cometieron los más horrendos crímenes cometidos durante 17 años de Terrorismo de Estado impuestos por el tristemente recordado fallecido cobarde traidor a la patria, Augusto Pinochet.

Dentro del plan de gobierno de la presidenta Bachelet, en materia de DDHH, será el pueblo quien le exija cerrar el hotel 5 estrellas Punta Peuco, como una primera medida en la búsqueda de la verdad y justicia, y trasladar a los inquilinos que ahí alojan, a centro penitenciarios comunes, que en cualquier país civilizado debiese sin discusiones y dilaciones efectuar, a no ser que el gobierno de la Presidenta Bachelet, continúe haciéndose parte de la vergonzosa pacto entre los familiares y amigos de los criminales con los gobiernos de la Concertación luego del retorno y la transición de la democracia.

Felipe Henríquez Ordenes

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